El Gobierno de México está a puntito de dar un autogolpe de Estado con la Ley de Seguridad Interior

Organizaciones de la sociedad civil de México advirtieron que con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el Ejército legalizaría su actuación a lo largo de la guerra contra el narcotráfico.

Tras poco más de diez años del inicio de una guerra abierta contra el narcotráfico en México, una legislación está a puntito de ser aprobada para legalizar el actuar de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

«Autogolpe de Estado»: de esta forma calificó la politóloga Denise Dresser a la llamada ‘Ley de Seguridad Interior’ a lo largo de una conferencia de prensa que reunió a un nutrido conjunto de organizaciones de la sociedad civil y académicos de México.

Las organizaciones, entre aquéllas que se halla Amnistía Internacional, advirtieron que, de aprobarse la Ley de Seguridad Interior, el Ejército tendría «carta abierta» para efectuar labores de fiscalía, detenciones y también inteligencia, aparte de utilizar «cualquier procedimiento de recolección de información».


Antecedentes

Desde hace diez años, el Ejército se ha visto envuelto en polémicas como la matanza del pueblo mexiquense de Tlatlaya en el dos mil catorce. Asimismo existen sospechas de que tuvo conocimiento en todo instante de la desaparición exactamente el mismo año de cuarenta y tres estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, un caso que convulsionó a México.

En la investigación periodística cadenademando.org, hay un análisis de las treinta y cuatro recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) ha hecho al Ejército desde el dos mil siete hasta la data. En las recomendaciones hay patentiza de que el noventa y cuatro por ciento las autoridades militares procuraron evadir su responsabilidad. Y que en dieciocho casos de agresiones, el Ejército alteró escenas del crimen, en ocasiones sembrando armas, en otras exhumando cuerpos de víctimas.

José Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), añadió que, del dos mil seis al dos mil catorce, las Fuerzas Armadas detuvieron arbitrariamente a sesenta y cuatro ciudadanos. Además de esto, descubrió cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del dos mil seis al 2011: se amontonaron trescientos noventa protestas por desaparición forzada a manos del Ejército en este organismo.

Asimismo contó que frente a la Fiscalía de México existen mil doscientos setenta y tres demandas contra las Fuerzas Armadas por torturas como golpes con armas en el semblante para confesiones, violación sexual, toques eléctricos y ahoga con bolsas de plástico.

Consecuencias

La semana pasada, las imágenes de un helicóptero artillado de la Marina de México disparando en un distrito residencial del estado de Nayarit en plena noche recordaron escenas de guerra de Siria y también Irak. Aunque la Marina de México abatió a ‘El H1’, líder del cartel de los Beltrán Leyva, a lo largo de todos y cada uno de los enfrentamientos murieron otras quince personas. Como no hay una investigación independiente sobre el caso, no se sabe si todas y cada una de las personas abatidas debían ver con el mafioso o bien no.

En el mes de octubre del dos mil dieciseis, el poderoso general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa Nacional, charló del cansancio de los militares por estar en las calles. «El marco jurídico pregúntenselo a los legisladores, no a mí; no hago leyes», habría dicho en ese entonces.

El dictamen final de la Ley de Seguridad Nacional es ignoto por legisladores de partidos opositores, los que plantearon que el tema se discutiera de forma más extensa este miércoles quince de febrero, notificó el semanario ‘Proceso’.

«En vez de retornar a los soldados, el Gobierno deja la cuartelización del país»

Académicos y activistas asimismo advirtieron que, frente al escenario extendido de asesinatos y la aparición de fosas en México, la nueva ley acorazaría al Ejército para eludir que soldados puedan ser llamados a cuentas de conformidad con las leyes nacionales e inclusive internacionales.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos, advirtió que el término de «seguridad interior» que plantea la nueva ley diluye la frontera entre la seguridad nacional y la seguridad pública; una característica de los «regímenes déspotas».
El discute más esencial en décadas

Alejandro Madrazo, del programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas calificó el discute en torno a la Ley de Seguridad Interior como «una de las resoluciones más esenciales en décadas».

Urgió que la legislación se haga de conformidad con los datos libres, puesto que los operativos conjuntos entre Policía y Ejército a lo largo de la presidencia de Felipe Calderón dispararon los homicidios en el país: de ocho por cada cien habitantes a veinticuatro por cada cien habitantes.

«Muertes que no se estudian. Se les descarta como sicarios pues aparentemente andan en malos pasos», demanda.

El académico recomendó: «Si el gobierno civil se rinde, el aparato castrense se expandiría y poco a poco más funciones pasarían a órganos militares».

José Guevara de la CMDPDH advirtió que, con la nueva ley, toda información interior generada por el combate al crimen organizado tendría la etiqueta de ‘clasificada’ por seguridad nacional, esto es, preservaría un candado para evadir las leyes de acceso a la información de México.

«Son ya diez años de esta política que ha fomentado, tolerado y formado estas violaciones de derechos humanos: estamos frente a un escenario aciago para el país»

Con informacion de RT